En estos días, un grupo de académicos de artes y de humanidades de diversas universidades han redactado una Carta Abierta, dirigida “al
gobierno y al país para exigir una participación vinculante en el diseño de una
nueva ley y un nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología”.
Lo anterior deja en evidencia una situación grave respecto de la relación que estos académicos
tienen con el nuevo Ministerio de Cultura.
En términos estrictos, en lo que ha producción de conocimiento duro se
refiere, el interlocutor es un ente que
todavía no existe. Los fondos
concursables solo califican para la
producción blanda, que en el marco de una estrategia de investigación de largo
plazo solo cumple funciones auxiliares.
La carta hace mención a una situación crítica,
ya que nuevas inyecciones de
recursos no han sido acompañados por cambios
de estructuras administrativas de
investigación, ni por mejoras en los vínculos
y articulaciones de la investigación con la esfera pública. De este modo, la carta
da por sentado que esta discusión no será entablada con los equipos de asesores a
honorarios y funcionarios del planta del Centro Nacional de Escenografía, sino
que reclama la necesidad de reconocer a un interlocutor acreditado.
Entonces,
primero, la carta omite el rol de unas
estructuras existentes, a las que descalifica y desacredita, pero luego, delata la existencia de una
discriminación epistemológica: “Las políticas actuales de apoyo
a la investigación académica deben ser reformuladas tomando en cuenta el rol
central que tienen las artes y humanidades junto con la ciencia y la
tecnología, y no subordinadas a ellas. La institucionalidad vigente impone
mecánicamente los métodos, paradigmas y formas de validación científicas a las
artes y las humanidades, restringiendo su desarrollo específico y su impacto
social y cultural”.
No
es casual que esta carta haya sido redactada después que la crisis de
FONDECYT fuera objeto del interés de la
prensa durante los últimos meses, al punto que toda información sobre reformas de las condiciones de trabajo implicadas en
este debate, favorecían de manera
manifiesta a los investigadores de
ciencia y tecnología. De ahí, entonces, el efecto gremial de un malestar
metodológico que no acepta la subordinación
paradigmática y reclama avanzar hacia condiciones superiores de tratamiento de la cuestión. Hasta aquí, todo bien.
Lo
concreto es que los funcionarios del Ministerio de Ritos para Poblaciones
Vulnerables no son reconocidos como interlocutores para el debate académico referido por los investigadores. Lo cierto es que la misión de este ministerio
jamás ha sido la producción de conocimiento, sino el manejo de imaginarios
fragilizados.
Sin
embargo, hay un detalle en esta carta que merece ser relevado. La firman académicos de artes y
humanidades. Pero, se entiende que en la distribución universitaria las artes pertenecen a las
humanidades.
Artes,
en este caso, no involucra a los artistas, sino a los investigadores en
“ciencias del arte”. Y de este modo,
estarían incluidos en el vasto campo de las ciencias humanas.
Las
universidades no están en condiciones de
exhibir cuerpos de docentes y de
investigadores, en número suficiente,
cuyas investigaciones hayan sido evaluadas por un cuerpo de acreditadores reconocidos. Si nos atenemos a las exigencias de las
publicaciones indexadas, por
ejemplo, veremos que los textos de arte
no se caracterizan por tener una presencia significativa.
Se
hace necesario establecer la cifra
efectiva de los investigadores de la comunidad local de académicos en arte con proyectos actuales en curso.
Si
comparamos esta situación con las producciones de investigadores autónomos que no pertenecen al ámbito
universitario, tenemos que rendirnos a la evidencia que las exposiciones de infraestructura producen
mayores y más significativos insumos para la producción de conocimiento en
artes, que las escrituras académicas.
(A título ilustrativo, para investigadores, documento de reconstrucción de la instalación Sala de Espera, leppe, nov.1980, Galería SUR, Santiago de Chile)
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