LA MECÁNICA DE UN MINISTERIO DE LAS CULTURAS PONE TÉRMINO A LA DINÁMICA CONTRA-ESTATAL DEL CNCA.

La  formulación de la hipótesis sobre la contra-estatalidad de los funcionarios de cultura ha sido celebrada en círculos vinculados al estudio de la administración pública. Hace meses, visionando un documental sobre los servicios secretos franceses, quedé maravillado por la  obscena lucidez y franqueza de un antiguo patrón de los servicios que al ser  entrevistado planteó  lo siguiente: la paradoja es que un Estado democrático deba “ponerse fuera” de ley para proteger a la democracia.  Esa noción de “ponerse fuera” es cuantificable dentro de márgenes restrictivos adecuados, que podemos designar  como  “fronterizos”.  Las acciones referidas nunca deben ser suficientemente extremas como para verificar una “puesta fuera” en forma.  De este modo, el ejercicio de producción de simulación resulta ser fundamental para definir la calidad de los grados que deben ser puestos en juego. 

He pensado en las palabras del patrón de los servicios al analizar la empresa de montaje de insubordinación  estatal de los signos  de gobernabilidad,  al analizar en profundidad la proyección del proyecto de formación de un ministerio de las culturas.  Aunque nada de eso garantiza  el fortalecimiento de la estatalidad, si se piensa en el rol que un “ministerio menor”  como Bienes Nacionales pudo tener en la producción de mecanismos de extorsión de la propia acción del Estado por parte de poblaciones vulnerables especialmente escogidas para cumplir un rol de “puesta simulada fuera de la ley” para poder garantizar, paradojalmente, la democracia inclusiva.  Funcionarios ministeriales invitan a conjuntos de no-garantizados a realizar en los “márgenes2 aquello que ellos, como funcionarios, no pueden poner en pié; solo que es en su provecho. En contrapartida,  les ofrecen apoyo legal para “soberanizar” las acciones y producir sentido de pertenencia gracias a un audaz manejo de los recursos de protección. 

Lo que hay que saber, hoy día, es si el proyecto de nuevo ministerio de las culturas apunta a definir  su ejecución como un “ministerio duro”, que  ha sido pensado para  destituir el potencial  que ejerce  el actual CNCA  en la producción de simulación, como si ésta hubiese sido una condición  en la “larga marcha” hacia la institucionalidad en forma.  La ministerialización del misterio de la creación y del simulacro puede, efectivamente, desmontar la retórica del desacato regulado como política de estado en el arte del encubrimiento del arte, como síntoma de una política de estado. Y lo que se espera es, justamente, el término de las estrategias concertadas para montar programas sucedáneos de contra-estatalidad, en que los  a los funcionarios de repartición  se les asignaba la tarea de definir “que es” y “que no es” un “intersticio”.  De ahí que generaciones de gestores culturales fueran formados para el goce del agenciamiento  intersticial,  sabiendo que para asegurar la democracia inclusiva se debía poner en función un indicio de  teatralidad cívica excluyente.  

Los profesionales de la inclusión debían inventar las condiciones de la exclusión y mantenerlas operativas para acreditar su necesidad y pertinencia como nueva categoría laboral  nacida en la post-dictadura, destinada  a administrar  las demandas simbólicas de poblaciones vulnerabilizadas a la medida de las necesidades de un funcionariato obscenamente lúcido.  Así fue como operó, por ejemplo, en Valparaíso,  Bienes Nacionales, cuando “sugirió”  a organizaciones que definió previamente como “ciudadanas”  llevar a cabo la ocupación del predio de la ex cárcel, no tanto para impedir su tugurización,  sino para establecer  la base  desde la cual sus funcionarios eminentes  debían iniciar una carrera hacia la alcaldía, que por lo demás, no tendría –con los años-  ningún destino.  No tomaron en consideración que la administración de los intersticios solo es eficaz cuando está al servicio de un gran patrón de la política, y no para hacer carrera enarbolando la contra-estatalidad como política de insurgencia de baja intensidad. En estas lides, la patronal simbólica elabora las condiciones de manejo de la contra-estatalidad, en provecho de la estatalidad.  Es decir, se afirma  temporalmente el valor de la discontinuidad para afirmar la continuidad.

La implementación del ministerio de las culturas, que incluye en su expansión nocional a las artes y el patrimonio,  debiera ser la gran construcción que señale el término de las “inversiones de desacato regulado” que  convirtieron al CNCA en un ineficaz dispositivo de “propaganda fide post-bolchevique”  y fije en el horizonte de espera de la clase política el cierre simbólico de la transición.

EL ARTE CHILENO OFICIAL COMO CAUTELA DE SOBERANIZACIONES ANTICIPADAS.

 Los gestos contra-institucionales  forman parte de las baterías de recursos combatientes de quienes hacen de la infracción una política de conducta y de conducción de procesos.  Hago la distinción porque la conducta es un hábito masivo que no necesariamente participa de la conducción de un proceso. Este último le cabe a quienes hacer el trabajo de rentabilización de las conductas de otros.

La historia de las luchas urbanas en Chile proporcionan las bases, digamos, “arqueológicas”, de esta tendencia que adquirió carta de ciudadanía entre funcionarios estatales que desde sus instituciones salieron a buscar a la calle a las “fuerzas sociales” que podían encarnar sus proyectos de avance de carrera. Así las cosas, es comentado el caso de funcionarios que promueven actos de ocupación ilegal de predios,  no solo para impedir su rápida tugurización, sino para levantar demandas pro-patrimonialistas y contra-especulativas de fácil adscripción ciudadana, solo con el propósito de hacerse un nombre para una candidatura al municipio, que por lo demás, jamás prosperó.  El funcionario tenía una fuerza social de apoyo, pero no entendió que debía articular su ofensiva con una férrea y no menos elaborada intriga en las internas de su propio partido. No lo hizo y perdió, dejando abandonadas a las huestes iniciales, que dicho sea de paso, adquirieron una visibilidad que los llevó a desear unos objetivos que ya los funcionarios no podían satisfacer y se convirtieron en un incordio para las autoridades. Gran parte del poder extorsivo de lo que Guattari llama “no garantizados”  tiene su origen en esta primera tentativa de manipulación de la contra-estatalidad, por parte de agentes del Estado.

Lo descrito  con anterioridad forma parte de las mitologías de las soberanización, que consiste en hacer una toma, primero, consolidar una “cabeza de playa”, mantenerse durante una unidad de tiempo razonable, para solicitar protección en Tribunales argumentando, justamente, a partir de la experiencia de  “ocupación soberanizante”,  por efecto de legitimación de una ocupación ilegal, gracias a la acción de ayudistas expertos en recursos de protección.  No sin antes constituir una fuerza de choque y auto-defensa destinada, más que nada, a forjar una ilusión de fuerza en medio de un conflicto en el que se busca alcanzar un status quo de larga duración, hasta que la autoridad “no e queda otra” que acreditar un dominio.

La contra-constitucionalidad atribuida en la columna anterior a ciertas acciones de la  Señora Presidenta no es una construcción intelectual y política de la que haya que hacerla  directamente responsable, sino más bien ella resulta ser un personaje que resulta “ser trabajado” por la estructura paranoica   que la sobre/determina  en lo político y en lo militar.

No pudiendo sostener una política militar de insubordinación de los signos,  la Señora Presidenta resultó ser lo suficientemente hábil para encarnar el espíritu de una contra-estatalidad sustentada en una singular interpretación de la teoría leninista del “doble poder”,  reducida al espacio de maniobras que le proporciona el Poder Ejecutivo.  El conglomerado que la llevó a la primera magistratura solo deposita  en ella un cúmulo de esperanzas, muchas de ellas no cumplidas,  o pésimamente implementadas, da lo mismo, pero deja al Ejecutivo la responsabilidad de convertir el rencor en  horizonte de una pulsión constituyente,  dejando en estado de latencia el deseo de soberanización. 

En esta reflexión, repito un fragmento de la columna anterior, para insistir en un hecho que me resulta capital:

“En esta misma lógica se planteó el envío de Bernardo Oyarzún a Venecia. Lo genial de todo este asunto es que el envío no es más que un síntoma distintivo de (todo) este significante político anticipativo contra-constituyente”.  

Al final, todo este rodeo no tendría  otro propósito que sostener la hipótesis según la cual, el arte sería aquel espacio simbólico privilegiado que anticiparía la contra-contituyencia de algo-que-no-sería-él, dando pie a pensar desde ya un ministerio destinado a formalizar actividades contra-estatales, al interior del propio aparato de Estado, con recursos de éste.  Este ha sido el gran diseño para el que se ha prestado Ottone, que vendría a ser como el “Eyzaguirre-de-la-cultura”,  por satisfacer la leal  condición de perro faldero. 

Sin embargo, para  gran pesar de los diseñadores de la infracción oficial convertida en academia,  en la escena chilena ya no hay artistas a la altura de semejante empresa de contra-instituyencia, de modo que  los actuales operadores de la anticipación intersticial deben  conformarse  con  recurrir a ilustraciones  de segundo orden de las recomendaciones de la UNESCO,   en lo que a diversidad cultural se refiere.

EL ENVÍO A VENECIA COMO GESTO CONTRA-CONSTITUCIONAL.

Hace muchos meses asistí a un asado en casa de un descreído operador del socialismo chileno,  que se divertía con unos compañeros suyos  comparando el último año de la Presidenta Bachelet con  situaciones complejas ocurridas durante la  Unidad Popular.  Como era de esperar, el juego consistía en tomar algunos roles del pasado para atribuirlos a  personalidades  del presente. De modo que en un momento, al buscar similitudes forzadas, uno de los presentes  preguntó quien encarnaría hoy día el papel que jugara  en ese entonces, Altamirano.  Lo realmente  extraordinario fue que todos gritaron, al mismo tiempo: “¡Ella misma!”.  Se referían a la Presidenta, por cierto.

El mal gusto del chiste reunía todos los elementos para forjar la exactitud de su referencia marxiana. En el análisis que Marx hace de las luchas de clases en Francia se pregunta por esta extraña actitud de la burguesía de vestirse con ropajes de una época pretérita para cumplir la misión de su tiempo.  Una vez me contaron  que Miguel Enríquez y el comité central  del MIR leían las memorias de Manuel Azaña para estudiar  la  caída de la república española, pero en plena crisis de la Unidad Popular, para explicarse la inminente derrota de Allende a partir de los errores cometido por el propio Azaña, en un contexto de inmadurez de las condiciones objetivas. 

Pero el rol asignado a la Presidenta Bachelet en cuanto a ser su propio Altamirano me hizo pensar en un modelo de comportamiento político que le calza a cabalidad, por cuanto pasa a encarnar la figura de la des/constitución de lo  ya constituido.  De este modo, en el seno del Estado, el propio Ejecutivo se juega a realizar gestos de contra-estatalidad que debiéramos analizar en detalle; todo esto, claro está, en la perspectiva anticipativa del deseo de  una nueva constitución.  Para legitimarlo, en suma, ha sido preciso asegurar la anticipatividad de un gesto contra-constituyente que se conecta, efectivamente, con el  viejo texto de Lukacz sobre la “actualización” de  la revolución.  En suma, hacerla presente, en el seno de lo ya constituido. No creo que Peñailillo haya sido un lector de Lukacz, sin embargo, expresó la voluntad de presentificación de algo que había quedado en el olvido de la UP -de la UP como olvido de una política-,   para representar la “actualidad de Altamirano” como instancia de aceleración del imaginario de la re/constitución.

El carácter simbólico de esta contra-estatalidad ha sido uno de los atributos del funcionariato de Cultura, a todo lo largo de esta década.  Resulta excepcional la dimensión que ha alcanzado el CNCA  como  el gran espacio de contra-cultura al interior mismo del Estado.  Es decir, que ha llevado al paroxismo la figura de la fisuración institucional y de la producción de alternativa disponible para colmar una falla incolmable, que lo ha convertido en el gran laboratorio del “altamiranismo” institucional,   con que este gobierno ha necesitado vestirse para “cumplir la misión de su tiempo”.

En esta misma lógica se planteó el envío de Bernardo Oyarzún a Venecia. Lo genial de todo este asunto es que el envío no es más que un síntoma distintivo de (todo) este significante político anticipativo contra-constituyente.  La confirmación de esto la pude obtener de la crónica  suscrita  por Alejandra Villasmil  en  Artishock, cuando señala que el envío  oficial del Estado de Chile  consistió en  llevar el “estado de guerra”  a Venecia, en el mismo momento, como lo señalé en la columna pasada, que la Presidenta presenta el Plan Araucanía.  De ahí que podamos imaginar que “el estado de guerra”, aunque fuera nominativo, adelantaba a través del discurso del arte lo que el discurso manifiesto de la política no podía sostener bajo el techo del Palacio; con lo cual, la Presidenta daba muestras de su carácter no solo conspirativo, sino para-insurreccional, jugándose a declarar Venecia como figura a través de la cual, su gesto contra-estatal se hacía ver como anticipación de un deseo constituyente.   

Lo  dramático de toda esta situación es que los dirigentes del movimiento mapuche no supieron leer la “contra-constituyencia” de este gesto presidencial, porque de lo contrario hubieran entendido que la propia Presidenta estaba validando conceptual y políticamente  la noción de zona liberada, no en términos de un “territorio”, sino de un “paisaje”.

¿Dónde estuvo la falla, en (toda) esta operación? En que la noción de zona liberada no se pudo desprender de su determinación museográfica y pasó a ilustrar el discurso museológico de un proyecto de “ministerio de las culturas”, que es la “instancia Altamirano” que la Presidenta deposita  como pragmática contra-instituyente en el programa del próximo gobierno.

MI(NI)STERIO DE ECONOMÍA (3).

Mejor no hablar de ciertas cosas. Para eso, es preciso dar la vuelta larga y seguir escribiendo comentarios sobre esta distinción que, al final de cuentas, no tienen ningún efecto.  Sobre todo cuando se constata que en galería Die Ecke se acaba de inaugurar una de esas exposiciones que demuestran el alcance de la victimación como recurso de obra.  Apelando a un incidente ministerial por el manejo del misterio y de sus efectos en la reconstrucción de una idea de coleccionismo, la exposición reproduce de manera incompleta y hasta irresponsable la falta de información veraz sobre el tema, habilitando la hipótesis que compara la adquisición de obras de Rugendas como si fuera una (nueva) expoliación territorial.

A estas alturas, nadie entiende nada, porque ni la propia galería ha hecho el relato del incidente que origina la muestra. Más bien, redacta un comunicado de prensa parcial destinado a sembrar  sospechas acerca de los propósitos de coleccionistas chilenos comprometidos en lo que se da a entender como una afrenta.

El comunicado de la galería señala lo siguiente: “El 15 de diciembre del 2016, la casa de subastas Christie’s en Londres libera al mercado nueve cuadros emblemáticos del pintor viajero alemán Mauricio Rugendas que retratan su paso por Chile y Perú durante los primeros años de la República. Ante la oportunidad única de recuperar estas obras patrimoniales, hasta entonces parte de una colección corporativa inglesa, una delegación viaja desde Perú a Londres con el propósito de adjudicarse los cuatro cuadros sobre la Lima del S. XIX. A pesar de los fondos recaudados, ésta sucumbe en una reñida puja ante un grupo de coleccionistas chilenos, cuyos nombres permanecen en la penumbra. Este evento frustra, al menos en un futuro cercano, la misión de poner por primera vez éstas pinturas al alcance del público”.

Sin embargo, no se describe el carácter de la delegación que parte desde Lima. ¿Era una delegación oficial o solo estaba conformada por coleccionistas reputados que hacían gala de representar oficiosamente al Estado peruano? Sería oportuno que la galería suministrara los nombres de quienes formaban parte de dicha delegación, porque hasta el momento parecen configurar un equipo negociador de cancillería, cuyos esfuerzos habrían sido frustrados por coleccionistas chilenos cuyos nombres permanecen en la penumbra. Es decir, el Estado chileno, a través de estos coleccionistas, se ha adjudicado las pinturas. Es lo que se da a entender en la insuficiente relación del incidente. De modo que son los chilenos que permanecen en la penumbra los responsables de que el público peruano no pueda ver estas pinturas. El alcance de la ofensa patrimonial es colosal por sus efectos simbólicos, ya que pone a los “buenos” del lado de la conservación patrimonial y a los “malos” en el  campo de un poder económico que es empleado como arma de  de una determinada voluntad política. 

El planteo del comunicado comete varias imprecisiones y fundamenta el trabajo de la artista  Cosima zu Knyphausen como una restitución  reparatoria en el seno de una investigación  multidisciplinaria sobre problemáticas de apropiación y pertenencia.

Estos dos últimos problemas son los que definen la ministerialidad del asunto,  al momento que la galería es avara para poner en evidencia los efectos del misterio. Más que nada, todo queda reducido al carácter del relato: el cuento. Como si la galería fuese una especie de centro cultural sustituto  destinado a fijar pautas de comportamiento institucional que –a lo mejor- no le corresponden. 

En todo caso, ¿a quien le podría importar todo esto? De hecho,  todo esto carece de importancia. Solo me detengo en la materialidad de los argumentos.  En una escena cultural donde domina la academia de la disidencia como decurso retórico a través del cual se produce la mayorización  hegemónica de las minorías, lo que importa es el fortalecimiento de  la reproducción de las políticas de enclave,   como preparación preventiva ante la posibilidad de abandono de posiciones en la perspectiva de un cambio de gobierno.

En un plano de macro-ficción ministerial, la articulación del Envío a Venecia con el MNBA a propósito de las obras de Bernardo Oyarzún no podía haber sido más efectiva. Si Camilo Yáñez lo hubiese diseñado  esto no hubiera resultado.  Todo esto debe ser remitido al inconsciente del Estado. El misterio de su obra ha sido manejado por el defecto de un ministerio que recurre con toda su Inteligencia a la antropología cultural  de servicio,  para proporcionar  soporte simbólico a una política museal de pacificación de la Araucanía. 

A lo que me refiero es a la justeza y justicia de una decisión que combina una iniciativa exterior (Venecia) con una fabulación interna (MNBA: El Bien Común), en una misma coyuntura, destinada a demostrar –según lo declarado por la revista de relaciones públicas  Artishock- que a Venecia “llevamos la visibilidad del estado de guerra”, en el mismo instante fecundo en que la Presidenta Bachelet presentaba el Plan Araucanía. Lo que no quedaba claro era que el estado de guerra se había instalado en la inscriptividad de los nombres en la archividad del Estado, ya que el papel fiscal había sido el terreno anticipado en que se habría hecho manifiesta la política de aniquilación. La paradoja es que al escribir los nombres en papel fiscal, ya  se habría  inscrito la desaparición del referente toponímico.  Y claro,  este se ubica en el lado del misterio, mientras que el referente topográfico se resume al dominio del ministerio militar.

En esta operación política de articulación institucional, galería Die Ecke toma el relevo de una agencia gubernamental para delatar la voracidad anti-estatal de un (determinado)  coleccionismo privado, mientras que CNCA/DIBAM  regulan por su lado la visibilidad de un estado de guerra que el Ejecutivo no declara.