La formulación de la
hipótesis sobre la contra-estatalidad de los funcionarios de cultura ha sido
celebrada en círculos vinculados al estudio de la administración pública. Hace
meses, visionando un documental sobre los servicios secretos franceses, quedé maravillado
por la obscena lucidez y franqueza de un
antiguo patrón de los servicios que al ser
entrevistado planteó lo
siguiente: la paradoja es que un Estado democrático deba “ponerse fuera” de ley
para proteger a la democracia. Esa
noción de “ponerse fuera” es cuantificable dentro de márgenes restrictivos
adecuados, que podemos designar como “fronterizos”.
Las acciones referidas nunca deben ser suficientemente extremas como
para verificar una “puesta fuera” en forma. De este modo, el ejercicio de producción de
simulación resulta ser fundamental para definir la calidad de los grados que
deben ser puestos en juego.
He pensado en las palabras del patrón de los servicios al
analizar la empresa de montaje de insubordinación estatal de los signos de gobernabilidad, al analizar en profundidad la proyección del
proyecto de formación de un ministerio de las culturas. Aunque nada de eso garantiza el fortalecimiento de la estatalidad, si se
piensa en el rol que un “ministerio menor”
como Bienes Nacionales pudo tener en la producción de mecanismos de
extorsión de la propia acción del Estado por parte de poblaciones vulnerables
especialmente escogidas para cumplir un rol de “puesta simulada fuera de la
ley” para poder garantizar, paradojalmente, la democracia inclusiva. Funcionarios ministeriales invitan a conjuntos
de no-garantizados a realizar en los “márgenes2 aquello que ellos, como
funcionarios, no pueden poner en pié; solo que es en su provecho. En
contrapartida, les ofrecen apoyo legal
para “soberanizar” las acciones y producir sentido de pertenencia gracias a un
audaz manejo de los recursos de protección.
Lo que hay que saber, hoy día, es si el proyecto de nuevo
ministerio de las culturas apunta a definir
su ejecución como un “ministerio duro”, que ha sido pensado para destituir el potencial que ejerce
el actual CNCA en la producción
de simulación, como si ésta hubiese sido una condición en la “larga marcha” hacia la
institucionalidad en forma. La ministerialización
del misterio de la creación y del simulacro puede, efectivamente, desmontar la
retórica del desacato regulado como política de estado en el arte del
encubrimiento del arte, como síntoma de una política de estado. Y lo que se
espera es, justamente, el término de las estrategias concertadas para montar
programas sucedáneos de contra-estatalidad, en que los a los funcionarios de repartición se les asignaba la tarea de definir “que es”
y “que no es” un “intersticio”. De ahí
que generaciones de gestores culturales fueran formados para el goce del
agenciamiento intersticial, sabiendo que para asegurar la democracia
inclusiva se debía poner en función un indicio de teatralidad cívica excluyente.
Los profesionales de la inclusión debían inventar las
condiciones de la exclusión y mantenerlas operativas para acreditar su
necesidad y pertinencia como nueva categoría laboral nacida en la post-dictadura, destinada a administrar
las demandas simbólicas de poblaciones vulnerabilizadas a la medida de
las necesidades de un funcionariato obscenamente lúcido. Así fue como operó, por ejemplo, en
Valparaíso, Bienes Nacionales, cuando
“sugirió” a organizaciones que definió
previamente como “ciudadanas” llevar a
cabo la ocupación del predio de la ex cárcel, no tanto para impedir su tugurización,
sino para establecer la base
desde la cual sus funcionarios eminentes
debían iniciar una carrera hacia la alcaldía, que por lo demás, no
tendría –con los años- ningún
destino. No tomaron en consideración que
la administración de los intersticios solo es eficaz cuando está al servicio de
un gran patrón de la política, y no para hacer carrera enarbolando la
contra-estatalidad como política de insurgencia de baja intensidad. En estas
lides, la patronal simbólica elabora las condiciones de manejo de la
contra-estatalidad, en provecho de la estatalidad. Es decir, se afirma temporalmente el valor de la discontinuidad
para afirmar la continuidad.
La implementación del ministerio de las culturas, que
incluye en su expansión nocional a las artes y el patrimonio, debiera ser la gran construcción que señale
el término de las “inversiones de desacato regulado” que convirtieron al CNCA en un ineficaz
dispositivo de “propaganda fide post-bolchevique” y fije en el horizonte de espera de la clase
política el cierre simbólico de la transición.
